El profesor asistente de Sociología Juan Manuel Pedroza publicó nuevos hallazgos del primer estudio nacional sobre estafas de inmigración dirigidas a inmigrantes quienes no son ciudadanos. Su informe anterior de esta investigación comparó dónde se reportaban este tipo de estafas en los EE. UU. para mostrar cómo las diferencias en las políticas y servicios locales pueden afectar la probabilidad de que los inmigrantes se presenten para presentar denuncias. Ahora, su último artículo profundiza en los propios informes de estafas, identifica tendencias en los tipos de justicia que buscan los inmigrantes, y ofrece recomendaciones para los formuladores de políticas y las agencias policiales sobre cómo ampliar el acceso a la justicia.
“Este estudio de seguimiento nos permitió aprender de las voces de los más afectados por las estafas de inmigración,” dijo Pedroza. “Esto es esencial porque las personas quienes alzan su voz y denuncian estafas lo hacen con frecuencia corriendo un gran riesgo personal. Quieren que los estafadores rindan cuentas y nuestro sistema legal puede hacer más para que eso suceda.”
Para esta investigación, Pedroza colaboró con Anne Schaufele, profesora asistente de derecho y directora de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos de la Universidad del Distrito de Columbia (University of the District of Columbia), y con varios estudiantes investigadores de la UCSC que contaron con el apoyo del programa “Building Belonging” del Instituto para la Transformación Social (IST, sigla en inglés). El equipo de investigación de la UCSC revisó un conjunto de 1,040 quejas de consumidores presentadas a la Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés) entre 2011 y 2015. Estos informes documentaron estafas que ofrecían servicios de inmigración falsos o extorsionaban pagos amenazando con deportación. Las estafas de inmigración se presentan de muchas formas, desde el clásico “fraude de notarios” hasta el telemercadeo, correos electrónicos de phishing, y sitios web falsos.
Las víctimas de este tipo de fraude pueden acabar perdiendo grandes sumas de dinero. En los informes analizados por el equipo de Pedroza, la mitad de las personas que dijeron haber perdido dinero terminaron perdiendo entre $500 y $10,000, y la cantidad promedio pagada a los estafadores fue de casi $700.
Los expertos creen que estas estafas de inmigración no se denuncian sustancialmente. Las víctimas enfrentan barreras de idioma y de conocimiento para comprender cuáles son sus derechos y dónde y cómo presentar una denuncia. Y, quizás lo más importante, al hacerlo podría correr el riesgo de revelar su estatus migratorio y las víctimas temen ser deportadas. Estas vulnerabilidades, combinadas con la escasez de proveedores legítimos de servicios de inmigración, crean una gran cantidad de oportunidades para los estafadores. Pero algunas víctimas todavía optan por contraatacar. Y el nuevo artículo revela por qué.
En más de la mitad de los informes de estafa que analizó el equipo de Pedroza, los remitentes creían que el hecho de que los estafadores se dirigieran a los inmigrantes era un acto de discriminación. Presentaron informes en parte debido a sus preocupaciones personales sobre la violación de su privacidad y la posible exposición de su información personal, pero también esperaban proteger a otros miembros de la comunidad inmigrante. Querían que las fuerzas del orden detuvieran a los estafadores.
Aproximadamente un tercio adicional de los informes adoptó un enfoque diferente. En estos casos, las víctimas de estafas apelaron exclusivamente a sus derechos como consumidores y exigieron reembolsos. Estos informes se centraban en la persona afectada y presentaban el problema principalmente como un problema empresarial con solución financiera. El 14% restante de los informes exigió tanto protección al consumidor como protección contra la discriminación para ellos y otros inmigrantes.
“Los temas de estos informes probablemente demuestran tanto lo que preocupa a las propias víctimas de estafas inmigrantes como lo que entienden que son los valores estadounidenses,” dijo Pedroza. “Ambos factores pueden haber afectado la forma en que eligieron formular sus pedidos de justicia. Y al reclamar sus derechos como consumidores y su derecho a un trato justo, están mostrando un sentido de pertenencia dentro de una noción más amplia de lo que significa ser estadounidense.”
El ensayo también ofrece soluciones políticas sobre cómo responder a estas apelaciones cerrando a los estafadores y devolviendo a las víctimas el dinero y los documentos personales perdidos. La coautora Schaufele dirigió esta sección del artículo y propuso una variedad de opciones para garantizar el acceso a la justicia para los inmigrantes basándose en la perspectiva de sus años de experiencia trabajando con víctimas de estafas.
El estudio describe cómo las leyes sobre la comercialización de servicios de inmigración y la práctica no autorizada de la ley de inmigración podrían endurecerse para combatir a los estafadores. Mientras tanto, el número de proveedores legítimos de servicios también debería aumentar mediante el derecho a contar con un abogado designado por el gobierno en los procedimientos de inmigración o nuevas leyes y procesos que permitan una mayor representación gratuita y de asistencia jurídica. Los autores del artículo también piden un mayor número general de representantes acreditados, incluso algunos no abogados con licencia y calificaciones.
El proceso para denunciar estafas también podría mejorarse si se simplificara a través de una sola agencia, permitiendo presentaciones anónimas a través de un intermediario, y educando a los consumidores sobre el proceso a través de una campaña multilingüe. Las asociaciones entre el sector público y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro pueden ayudar a avanzar en las comunidades de inmigrantes para realizar esfuerzos educativos y devolver de manera segura los documentos personales recuperados por las autoridades, pero esto podría requerir una expansión geográfica de las áreas operativas de las organizaciones sin fines de lucro para satisfacer las necesidades. Las agencia (en inglés, “Better Business Bureaus”) también desempeñan un papel importante en la educación y la presentación de informes, y una quinta parte de los informes de estafa analizados por el equipo de Pedroza provienen de una de estas agencias locales.
La FTC podría ligar más casos a través de demandas colectivas para obtener la máxima cantidad posible de compensación financiera para las víctimas y luego puede anunciar los acuerdos para que víctimas adicionales puedan presentarse para obtener reembolsos. Las agencias locales y estatales también pueden identificar y actuar sobre cualquier queja presentada a la FTC desde sus jurisdicciones, y deben operar bajo el supuesto de que cada queja es evidencia de víctimas adicionales. Las investigaciones encubiertas y los procedimientos legales para proteger la identidad de las víctimas podrían ayudar a las autoridades a erradicar a los estafadores y al mismo tiempo minimizar el riesgo para las comunidades de inmigrantes. Y las multas resultantes impuestas a los estafadores pueden depositarse en un fondo de restitución para las víctimas.
El documento también recomienda ampliar el uso de la Visa U, cuyo objetivo es proteger a las víctimas de delitos que cooperan con las autoridades, para cubrir más tipos de delitos contra el consumidor, incluidas las estafas de inmigración. Esta expansión de la Visa U podría lograrse ya sea a través de nuevas leyes o mediante nuevas directivas administrativas sobre cómo interpretar la ley existente y debe ir acompañada de recursos adicionales para procesar estas visas de manera oportuna.
Este tipo de esfuerzos contribuirían en gran medida a poner fin a las estafas que dañan a algunas de las comunidades más vulnerables de nuestra nación, dice Pedroza.
“Eso es algo que debería preocupar a todos los que viven en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio personal,” dijo. “No hacer nada crea incentivos para que los estafadores sigan innovando esquemas con impunidad. No se sabe a quién atacarán a continuación si no actuamos. Abordar esta cuestión nos ayudaría a todos a construir una sociedad más justa y equitativa para todos.”
